martes, 24 de diciembre de 2013

EL PARTIDO POLÍTICO POR UN MUNDO MÁS JUSTO, M+J, PRESENTA EL ANÁLISIS DEL GASTO SOCIAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

FRENTE A LA CRISIS DEL SISTEMA ECONÓMICO ESTABLECIDO NUESTRA SOCIEDAD DEMANDA UNA CARTA DE LOS DERECHOS SOCIALES
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuya aprobación está anunciada para hoy día 19 de diciembre, el gasto social se incluye en las áreas presupuestarias de "actuaciones de protección y promoción social" y "producción de bienes públicos de carácter preferente". En la primera se encuentran las prestaciones económicas, los servicios sociales, la acción y promoción social y el fomento del empleo. La producción de bienes públicos se refiere a sanidad, educación y cultura. En este primer comunicado, queremos hacer llegar a la sociedad una propuesta fundamental extraída de nuestro análisis de los PGE (www.porunmundomasjustos.es )  que desarrollaremos en sucesivos comunicados.
Como posicionamiento político general, desde M+J demandamos una reestructuración, profunda y global, del concepto de protección y promoción social. En el marco de la política social, tal como reflejan los PGE, la protección y promoción social está, en  gran parte, dedicada a atender a colectivos concretos, careciendo de una perspectiva general que le permita abordar los derechos sociales en su conjunto y, por lo tanto, mostrándose incapaz de dar respuesta a los graves problemas que afectan actualmente a toda nuestra sociedad. Sin negar la necesidad de acciones reforzadas dirigidas a determinados colectivos, en una sociedad donde el 21% de sus miembros está en situación de pobreza, con 1.800.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo (informeFoessa 2013) y con 5.000.000 de desempleados, la protección y promoción social debe dirigirse, y alcanzar, a toda la sociedad.
Con este fin proponemos la aprobación de una carta de los derechos sociales, con rango de Ley Orgánica, que establezca las prestaciones, económicas, sociales y asistenciales, que las Administraciones Públicas estarán obligadas a garantizar y que podrán ser exigibles. Esta carta incluirá, a su vez, una declaración específica sobre los derechos sociales de las personas migrantes. Con esta Ley, se transformarán en derechos lo que hasta ahora son meros servicios públicos que pueden recortarse o eliminarse  por una simple decisión de conveniencia política.
Para hacer realidad esta política proponemos pasar de un gasto en protección y promoción social de 1.800 millones de euros a 10.700 millones, con 2.500 millones para promoción social (igualdad de oportunidades, juventud, infancia y familia y prevención de la violencia de género), 3.000 millones en servicios sociales (prestaciones sanitarias, asistenciales y sociales) y 5.100 millones en acción social (migrantes, drogodependencia). En nuestros próximos comunicados explicaremos como los ingresos necesarios para garantizar este presupuesto son fácilmente alcanzables si existe una verdadera voluntad política que priorice a las personas y familias y busque decididamente la cohesión social que nuestra constitución exige.